Discapacidad y adultos mayores: la normatividad

Gerardo A. Herrera Pérez

Martes 1 de Febrero de 2011 La temática de los adultos mayores y personas viviendo con discapacidad es un binomio que desafortunadamente en la gran mayoría de las veces va acompañado; no obstante vemos cómo los marcos normativos y las políticas públicas se orientan a atenderlos por parte de las autoridades de manera independiente. Algunas políticas públicas para la atención de los adultos mayores en México se remontan a 1979, cuando se crea el Instituto Nacional de la Senectud, mejor conocido como Insen. Posteriormente, en el año 2002, cambia su nombre a Inaplen (Instituto Nacional de las Personas en Plenitud), y se incorpora a la Secretaría de Desarrollo Social, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En ese mismo año (2002) se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, mediante la cual se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), cuyo propósito es brindar la atención a la población de 60 años de edad o más. El Inapam se crea con el propósito de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas que repercuten directamente en los adultos mayores y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores asignó al Inapam la autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones y propósitos. No obstante la generosidad del propio marco jurídico, a la fecha el Inapam no cuenta con un Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que prescriba los procedimientos jurídicos para asegurar de manera efectiva los derechos de los adultos mayores, pese a que este marco define las obligaciones del gobierno y la sociedad civil para el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores. La falta de esta reglamentación ha generado que diversas acciones que se pudieran emprender de manera conjunta con los órganos autónomos de derechos humanos en el ámbito nacional y de las entidades de la República y el Distrito Federal no hayan aún cristalizado, como por ejemplo, un programa nacional y estatal de personas adultas mayores para que se conozcan y ejerzan de manera plena sus derechos, toda vez que hace mucha falta tanto para áreas urbanas y rurales. Me parece que aún cuando falta mucho por hacer, es importante precisar que existen acciones que ha venido realizando el Inapam para fomentar el desarrollo de las personas adultas mayores y su participación en las diferentes esferas socioeconómicas y culturales de la sociedad mexicana. No se trata de criticar una política pública por criticar, sino avanzar en la construcción de acciones para el adelanto de los adultos mayores. Cuando menos en Michoacán vemos como en la práctica los adultos mayores son atendidos por la Secretaría de Política Social a través de políticas públicas relacionadas con el reconocimiento a sus experiencias de vida, los apoyos en materia de salud, las ferias de los adultos mayores y desde luego la despensa mensual. Y porque no decirlo, los apoyos económicos del Programa Federal de 70 y Más. No obstante, debemos redoblar esfuerzos como sociedad civil para impulsar una política pública más agresiva que venga a valorar a quienes entregaron y formaron a las generaciones que hoy toman decisiones nacionales, estatales y municipales. Por otro lado, la legislación relacionada con las personas con discapacidad aún no ha sido armonizada con el marco jurídico internacional suscrito por México y ratificado por el Senado de la República a favor de evitar la discriminación y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Vale mencionar que México fue el país promotor del primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, y el primero sobre los derechos humanos de personas con discapacidad, es sin duda motivo de orgullo y representa un enorme compromiso para quienes impulsamos acciones a favor de evitar la discriminación contra las personas con discapacidad. Por ello llama la atención y nos reitera el compromiso de la sociedad civil, de la academia, en las empresas, de las autoridades de los tres niveles de gobierno de trabajar por impulsar en los ayuntamientos y en los gobiernos locales la normatividad que permitan en la práctica convertir en acciones concretas los principios de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, aprobado en la ONU mediante Asamblea General el 13 de diciembre de 2006. Hoy este trabajo lo impulsa conjuntamente con la sociedad civil y sus organizaciones el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred. En Michoacán y en Morelia ha trabajado la organización Grupo de Facto Diversidad Sexual (y otras muchas más), quien posicionó el tema, presentó la iniciativa de ley antidiscriminatoria en la LXX Legislatura y que hoy es ley en Michoacán gracias a la aprobación de dicho marco jurídico de la LXXI Legislatura. No obstante ello, los sujetos obligados entre ellos los ayuntamientos deben generar políticas para la no discriminación de manera general para todos los grupos vulnerados. Y reitero, llama la atención y ello causa alegría que nuevas voces, por cierto joviales, se escuchen en demanda de que se aprueben dichos reglamentos para evitar la discriminación como lo hace la ex medallista paraolímpica Doramitzi González, quien expresó que presentará un reglamento para que se atiendan las necesidades de los discapacitados y las personas de la tercera edad, bien por ella. Expreso y confirmo, debemos hacer viables los marcos jurídicos de los distintos niveles de gobierno, hoy tenemos que respetar los derechos humanos, la equidad de género, evitar las desigualdades sociales, pero sobre todo respetemos el derecho fundamental que es la no discriminación, el derecho a la igualdad. Por ello, nos parece toral que todos los actores sociales y políticos de Michoacán y nuestra autoridades, deben redoblar esfuerzos y dan respuesta a estos temas de la discapacidad y la tercera edad, poniendo cuando menos en una primera etapa en la agenda de las principales ciudades de Michoacán las acciones urgentes para alcanzar una sociedad que elimine todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad; queremos una sociedad que realmente nos enorgullezca de ser democrática porque se preocupa en los hechos por el respeto a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades de todos sus integrantes sin distinciones. Invito a todas y todos nuestros lectores a revisar el documento sustantivo de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en el cual se resume el compromiso social y ético de uno de los pilares de la democracia en México, don Gilberto Rincón Gallardo (qepd), impulsor de esta propuesta en la comunidad internacional.

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=4369